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PROYECTO
Implementación del sistema para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Las actividades que desarrollan las empresas de vigilancia y seguridad privada, y los activos con los que trabajan, pueden ser utilizados por las organizaciones criminales, para ocultar, transformar o administrar los recursos de sus actividades ilícitas, así mismo, los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo pueden estar presentes en todas las etapas y procesos desarrollados, sin importar su tamaño o ubicación geográfica, afectando su cadena de valor, la confianza de sus clientes y demás contrapartes, su integridad y reputación.
Los organismos y autoridades internacionales, que buscan la protección de los sistemas económicos y de los mercados, han emitido recomendaciones y regulaciones, como las 40 Recomendaciones del GAFI, que hacen referencia a la necesidad de que actividades no financieras, entre las que se pueden incluir los servicios de vigilancia y seguridad privada, adopten controles que garanticen la protección del sector y adopten esquemas basados en riesgos.
En cumplimiento de estas recomendaciones, el Gobierno Nacional adoptó el Sistema Nacional Anti LA/FT, mediante la expedición del Documento CONPES del 18 de diciembre de 2013, que recoge la política nacional en la lucha contra el LA/FT y sus delitos precedentes.
En este documento, se indica que el gobierno, a través de los diferentes supervisores, debe definir los lineamientos para que los vigilados adopten las medidas necesarias para mitigar los mencionados riesgos, entre otras, se hace referencia a las circulares expedidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Posteriormente, en el año 2016 se realizó la EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO, donde se valoró la percepción de riesgo de LAFT en algunos de los sectores más representativos de la economía, y se presentaron recomendaciones en materia de diseño y ejecución de política pública contra el LA/FT. En dicha evaluación, las empresas de seguridad se ubicaron en undécimo lugar, de trece sectores calificados después de otros como los contadores y abogados, minería, entidades sin ánimo de lucro, inmobiliario, sector salud y clubes de futbol.
La implementación de medidas preventivas y mecanismos de control dentro de las empresas, garantiza una mayor transparencia de las actividades y el fortalecimiento de los procedimientos, para prevenir y proteger a todo el sector de los riesgos asociados a estos delitos.
Por lo anterior, es necesario que las empresas dedicadas a estas actividades, acaten las disposiciones establecidas por el supervisor, y logren implementar políticas y mecanismos de control que sean suficientes y adecuadas a las características propias de sus operaciones, que permitan el suficiente conocimiento de sus clientes y de todos los factores que intervienen en las actividades que realizan. Por lo anterior se presenta a continuación la necesidad de personal idóneo que identifique, desarrolle, gestione, administre y monitoree la unidad de LA/FT de la Supervigilancia y las empresas sujetas a control, vigilancia e inspección que componen el sector de la Seguridad y Vigilancia Privada:
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Fecha de publicación 24/01/2019
Última modificación 24/01/2019